Ciudad de México

.- Combatir la impunidad de los crímenes contra periodistas, garantizar el acceso a la información y eliminar el uso del lenguaje estigmatizante contra la prensa, son parte de una agenda mínima que ARTICLE 19 propuso en el marco de la presentación de su informe Disonancia: voces en disputa.

La organización expuso que se tratan de acciones que las autoridades de los tres niveles de gobierno y los Poderes de la Unión deben llevar a cabo, a fin de generar una política de Estado que garantice la libertad de expresión y el derecho a la información en el país. 

Otros de los temas que esta agenda debe contener son: garantizar la existencia de una política de protección integral para periodistas; promover el desarrollo mediático y la independencia de los medios de comunicación; combatir la desinformación y reconocer la importancia de las mujeres en el espacio cívico.

En su mensaje, Ana Cristina Ruelas, directora regional de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica, recordó que con la llegada del nuevo gobierno hubo un momento de armonía, con acciones que daban un mensaje positivo. Sin embargo, conforme transcurrió el 2019 la violencia contra periodistas y medios de comunicación no cesó, por el contrario, mantuvo el crecimiento constante que se observó desde hace doce años. Además, se vivieron nuevas amenazas a través de la estigmatización al trabajo periodístico impulsadas desde la tribuna presidencial.

La presentación del informe, difundida a través de las redes sociales de ARTICLE 19, contó con los testimonios en video de Jorge Sánchez, periodista e hijo de Moisés Sánchez, periodista desaparecido y asesinado en Veracruz, así como de Alicia de los Ríos Merino, integrante del Comité de Madres de Desaparecidos Políticos de Chihuahua.

Jorge Sánchez sentenció que “la negligencia no tiene partido”, y que “la impunidad es la constante en la lista de periodistas asesinados”. En tanto, Alicia de los Ríos Merino dijo que, “quienes formamos parte de comunidades con víctimas directas e indirectas de la desaparición forzada en el pasado reciente, tenemos claro que la impunidad que ha cobijado a las autoridades responsables de la política estatal contrainsurgente y a sus agentes, ha sido una de las causas principales para que continúe perpetrándose tanto por autoridades como por individuos particulares”. Por eso, demandó el cese de la censura y restricciones a la información.

Mesa de discusión

En la mesa de discusión del informe, Jorge Carrasco Araizaga, periodista y director de la revista Proceso, comentó que lo que vive hoy la prensa en México es algo inédito, ya que, aunque en la democracia los medios han jugado un papel fundamental, lo que se ha vivido en el presente gobierno es todo lo contrario: “no hay correspondencia de la solidez democrática con garantías para la libertad de prensa”.

Carrasco precisó que, con la llegada del nuevo gobierno, en apariencia progresista, se esperaba que se corrigieran males que se venían arrastrando en las últimas dos décadas, pero se ha mantenido y exacerbado el ambiente contra la prensa en México.

Sobre el comportamiento que se debe tener en este ambiente de polarización y estigmatización a la que es sometida la prensa desde el poder, recomendó no entrar en el mismo campo de batalla, sino insistir en cumplir los deberes éticos del periodismo, que es la revisión de los actos de poder en beneficio de la sociedad, siempre con un trabajo periodístico equilibrado.

Cecilia La Hoz, abogada senior de la Relatoría de Libertad de Expresión (RELE) de la CIDH, consideró que en la actual administración los avances han sido lentos, como es el caso de la eficacia de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE)

Indicó que el gobierno federal no ha demostrado medias para robustecer esta Fiscalía, los recursos son escasos y sigue imperando el ambiente de impunidad en un 99% de los casos.

Respecto a los mecanismos de protección a favor de los periodistas, expuso que no hay una priorización política para robustecer el mecanismo y carece de un correcto análisis de riesgos a situaciones en concreto.

Agustina del Campo, directora del Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información (CELE), consideró que un trabajo pendiente del Estado es empoderar a actores para mejorar redes comunitarias en un afán de garantizar y hacer el acceso a la información más efectivo.

Respecto al fenómeno de la desinformación, puntualizó que ésta ha adquirido nuevas dimensiones a partir de 2016 -con las particularidades que tiene la era digital-, y llamó a combatir este problema no sobre legislando, ya que la manera de actuar ante una calumnia, injuria o mentiras debe ser con las mismas leyes existentes que se aplican cuando estos delitos se dan en un entorno de medios off line.

Yásnaya Elena Aguilar Gil, lingüista, escritora y activista de derechos lingüísticos en Ayuuk, opinó que el Estado debería permitir que los sistemas de información fueran también colectivos, “no solo se debe reconocer el derecho a la información que tienen los habitantes de las comunidades indígenas de manera individual, sino considerarlos como derechos a la información de entes colectivos”.

Criticó, además, el hecho de que en la parte lingüística el Estado se ha centrado como si la realidad fuera monolingüe cuando la realidad dice que no lo es. En este sentido, dijo, al no haber una respuesta adecuada a la población que no habla español, resulta que el Estado es el principal violador de los derechos de los indígenas.

Para concluir, ARTICLE 19 indicó que el informe Disonancia: voces en disputa busca aportar elementos para revertir un modelo antidemocrático, fincado en la censura y la falta de información que atraviesa la institucionalidad vigente.

A continuación, el enlace para descargar el informe completo: disonancia.articulo19.org